Fue en el Encuentro anual de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación Ambiental. Durante la jornada, se presentó además el plan del Gobierno para implementar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental regional de derechos humanos en temas ambientales.
Con más de 130 representantes de servicios de evaluación ambiental de América Latina y el Caribe, organismos de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación llevó adelante el encuentro anual de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación Ambiental (REDLASEIA), cuya presidencia pro-tempore está a cargo de la Argentina.
Encabezada por la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, la jornada contó además con la participación del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm y Carlos de Miguel, oficial a cargo de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos y de la División Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
A lo largo del encuentro, los equipos técnicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay, trabajaron en la integración del componente climático en la evaluación de proyectos, planes y programas; el fortalecimiento del análisis de impactos acumulativos y la promoción de la participación de los Pueblos Indígenas y grupos vulnerables en los procedimientos.
En ese marco, Nicolini aseguró que la tarea de la red “va más allá del intercambio técnico”, ya que “es una vía para trazar un camino común hacia el desarrollo sostenible”.
Y agregó: “Tenemos bienes comunes naturales que serán claves para la transición energética y que debemos gestionar de manera sostenible y con licencia social. También una biodiversidad rica, recursos humanos calificados y una historia de lucha en derechos humanos que nos inspira a aprovechar todo ese potencial, empezando primero por quienes más nos necesitan”.
Por su parte, el ministro Katopodis afirmó que estos espacios “nos permiten seguir fortaleciendo herramientas y sistemas de evaluación para construir un Estado más activo, estratégico e inteligente, que defina agendas y prioridades que lideren los cambios que necesita la región”.
“Desde el Ministerio de Obras Públicas venimos avanzando con tres líneas de trabajo: infraestructura sostenible, obras para la acción climática y fortalecimiento institucional”, detalló el ministro.
Asimismo, como parte de las políticas del Gobierno nacional para fortalecer la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación ambiental, se presentó el Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú.
Al respecto, la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, recordó los altos niveles de participación de la sociedad argentina en las consultas públicas sobre temas ambientales que se llevaron adelante en las plataformas digitales a su cargo, y remarcó que el plan presentado es una herramienta “federal y con mucha colaboración detrás, especialmente por equipos conformados por mujeres, lo cual no es menor porque eso también forma parte de una política transversal del Estado argentino que se viene sosteniendo”.
También estuvieron presentes el subsecretario de Política Exterior de la Cancillería, Claudio Rozencwaig; la titular de la Agencia nacional de Acceso a la Información, Beatriz Anchorena; la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia; Gabriela Carpineti y el embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánches Rico.
Sobre el Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú
Se trata de una hoja de ruta con más de 70 acciones divididas en 6 ejes: acceso a la información pública, participación pública en la toma de decisiones, acceso a la justicia, defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, fortalecimiento de capacidades y sistema de gobernanza.
Su construcción se llevó adelante de manera colaborativa e incluyó más de una decena de instancias participativas, que canalizaron más de 500 aportes de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, la academia y el sector privado, entre otros.
Fuente y fotos: Prensa Secretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación
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